La iniciativa llama la atención sobre el uso de mercenarios por empresas privadas de seguridad militares, y exige que se prohíba la intervención de esas firmas en conflictos armados o acciones encaminadas a desestabilizar regímenes constitucionales. La condena al uso de mercenarios enfrenta hoy una fuerte resistencia de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), según el resultado de una votación sobre ese tema en Naciones Unidas.
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