Así lo revelan miles de páginas de documentos internos y confidenciales obtenidos por el periódico y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, una organización no gubernamental, que se acogieron a una ley de transparencia que obliga a la divulgación de cierto tipo de información del Gobierno. Los documentos se refieren a los casos de 107 extranjeros que han muerto en los centros de detención para inmigrantes desde octubre de 2003.
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