La economía sumergida es una zona de sombra que economistas y estadistas transitan con muchas cautelas. Para empezar, ni siquiera hay acuerdo sobre qué actividades englobar bajo un epígrafe tan impreciso. La pauta la marca la OIT, que señala aquellas cuyo producto final es legal, pero que se esconden a las autoridades para evitar pagar impuestos o cumplir normas. El último informe del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) cifra en 244.918 millones de euros el volumen de la economía sumergida en España, un 20,9% del PIB.
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