La sentencia afirma que la conducta de la acusada « no puede ser aceptada, pero sí comprendida y justificada», puesto que « los menores le decían que no los trataban bien, que les pegaban, que les insultaban, y que se querían ir a casa, por lo que es plenamente comprensible ante estos comentarios y máxime en la situación de la acusada, que se había visto privada de la tutela sobre los menores y sólo podía verles cada quince días, que se produjera un estado de ofuscación en su mente».
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