El mismo Gobierno que en un día histórico de junio de 2005 impulsó un acuerdo aprobado por el Congreso de los Diputados mediante el que se concedía una vergonzante amnistía fiscal a las SICAV e impedía su control por parte de los técnicos inspectores de Hacienda. El mismo Gobierno que en abril de 2008 suprimió el Impuesto del Patrimonio, lo cual ha supuesto una merma en la recaudación del Estado de unos mil ochocientos millones de euros.
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