La jueza Alaya calculó que se desviaron 855 millones, la Fiscalía que 741,6 y la sentencia rebaja hasta los 680, pero parte de ese dinero se pagó a trabajadores que tenían derecho a cobrarlo. Las ayudas concedidas no han sido objeto de este juicio, ni su concesión, ni su pago, pero se ha sentenciado que proceden de dinero malversado mientras decenas de piezas desgajadas se siguen instruyendo dentro de la macrocausa
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