La nueva Llei de Serveis Socials garantizará el servicio de ayuda a domicilio, «que será considerada una prestación básica y obligatoria», para las personas discapacitadas que no son dependientes», unas 45.000 personas en las Islas (menores de 65 años). La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Josefina Santiago, explicó ayer que esta ley contemplará, a partir de 2011, también como servicios mínimos el acceso a residencias, centros de día, viviendas tutelada y centros ocupacionales de estas personas.
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