La autonomía de los centros públicos españoles está por debajo de la OCDE y les impide ofertar contenidos propios. Los directores de la escuela pública en España no pueden nombrar ni despedir a profesores, establecer el salario inicial de estos profesionales, ni proponer un aumento de su sueldo. Tampoco deciden sobre la admisión de los alumnos en su centro ni sobre la oferta y el contenido de los cursos.
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