El pleno de la Diputación de Barcelona del pasado mes de septiembre acordó incoar un expediente de revisión de un decreto de la presidencia de la institución del año 2004. El asunto, que figuraba en el punto diez del orden del día y que fue aprobado por todos los grupos, salvo el PSC, aparentaba ser un trámite de lo más anodino. Sin embargo, lleva camino de convertirse en un escándalo político.
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