El Ejecutivo ha contestado a varias de las recomendaciones que el Comité contra la Tortura de la ONU le planteó meses atrás, entre ellas a la que pedía que "todas" las personas privadas de su libertad, incluso aquellas en régimen de detención incomunicada, que el Comité defiende abolir, tengan derecho a un abogado de su confianza. También se rechaza la petición de que el detenido en régimen de incomunicación pueda ser visitado por un médico de su elección.
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