Frente la acción de Greenpeace hubo dos respuestas: la empresa Azata, que denunciará a los activistas por allanamiento de morada; y el Ministerio, que dice que "passsa" de demoler. Tremenda paradoja: una vez más los denunciantes de la ilegalidad son los denunciados ante los tribunales, y las administraciones hacen mutis por el foro, dejando hacer a los destructores de nuestro litoral. A pesar de las sucesivas sentencias judiciales el hotel sigue en pie, como síntoma de que la ley no se aplica igualmente para todos
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