Mantener la Ley de Dependencia y los servicios sociales, gastar el triple en educación, poner en marcha hasta dos planes de empleo juvenil o cumplir estrictamente con el objetivo de déficit impuesto por Bruselas. Todas estas y más acciones se podían haber puesto en marcha si el Estado no hubiera destinado en el último año 6.598 millones de euros al sostenimiento y promoción de la Iglesia católica.
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