Después de la ley Dadvsi, que ilegalizó la rotura de sistemas DRM, y la reciente aprobación de la ley Hadopi anti-P2P, una nueva ley se perfila para cerrar aún más el control estatal sobre Internet en Francia. La ley Loppsi 2 permitiría, entre otras cosas, al Gobierno instalar por orden judicial keyloggers en ordenadores "sospechosos" por un periodo de hasta 8 meses, forzar a los ISPs a participar en un sistema de censura "voluntaria" y la creación de una base de datos (Pericles) que agregaría información personal de diversas bases de datos.
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