Tras el desmantelamiento ayer de 11 pisos de alquiler construidos ilegalmente en un almacén de la calle Jaén, número 22 y la orden de precinto de otros 14 apartamentos ubicados en el sótano del número 325 de la calle Verdi, el Ajuntament de Barcelona ha abierto un expediente sancionador a los propietarios. Los inquilinos, que en algunos casos llegaban a pagar 300 euros mensuales por un habitáculo de 30 metros cuadrados, recibirán la ayuda municipal para ser reubicados en otros pisos de alquiler.
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