El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, contra la investigación judicial llevada a cabo sobre su patrimonio al entender que durante la misma se había vulnerado su derecho fundamental a la intimidad económica. Fabra, su esposa, su cuñada y sus dos hijas habían alegado que varias actuaciones realizadas durante el proceso habían lesionado este derecho.
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