Se crea una nueva empresa o se resucita a una que había quedado inactiva, y sin desarrollar la menor actividad, se simula la contratación de desempleados para que éstos puedan tener luego derecho a cobrar del paro, a reclamar una baja por maternidad o, en el caso de los inmigrantes, a prolongar su permiso de residencia. A cambio, estos últimos se ven obligados a pagar entre 300 y 700 euros a su ´contratador´.Están implicadas de momento en torno a medio millar de personas
|
etiquetas: fraude , arcas publicas 
