La gran mayoría de las tres mil organizaciones solidarias que existen en España apenas rinde cuentas, aún moviendo un presupuesto de 2.000 millones de euros al año. Entre quienes sí lo hacen, cometen fallos como invertir en empresas ruinosas, vivir de las arcas públicas o remunerar a los patronos. Además, la excesiva connivencia con la política provoca que los partidos en el poder beneficien a las ONG de ideario afín y las utilicen para cubrir de forma barata servicios públicos sociales. Se transforman en empresas sumisas a la Administración.
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