La ACLU representó a la demandante, Edie Windsor, quien se vio obligada a pagar más de 363.000 dólares en impuestos sucesorios federales después de la muerte de su esposa. A pesar de que el estado de Nueva York reconocía la validez de su matrimonio, el gobierno federal trató a las mujeres como si no hubiesen estado casadas, cobrando un impuesto que una pareja heterosexual no hubiese tenido que pagar. En más de 1.100 componentes de leyes y programas federales existen beneficios para parejas casadas que parejas del mismo sexo no pueden aprovechar
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