Cuando la ley dice que el detenido tiene derecho "a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez", así como el derecho "a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable", se está estableciendo un marco de garantías que ningún funcionario debería traspasar.
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