Durante el 14 de noviembre en la ciudad de León, varios militantes comunistas fueron identificados por las fuerzas policiales siendo confiscadas diversas banderas, al considerar que podían ser "armas", mientras ejercían su legítimo derecho a la huelga. Tres meses después la Subdelegación del Gobierno en León impone a todas las personas identificadas en ese momento una sanción administrativa por supuesta “gran alteración del orden público y de la pacífica convivencia ciudadana”, cuando ni siquiera fue éste el motivo de la identificación.
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