Los administradores sostienen que el consejo de Diasa, en el que se incluían dos representantes de Sadim, su director, Manuel Fernández Prada (que fue también administrador de la empresa Venturo XXI) y Gregorio Rabanal, aprobó engordar las existencias y el patrimonio de la empresa, falseó ingresos y permitió la contratación de personal innecesario única y exclusivamente con el fin de obtener subvenciones a través del IDEPA, dirigido en ese momento por Víctor González Marroquín, anterior responsable de la filial de Hunosa, y ayudas del Instituto
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