Sus promotores plantearán a Bruselas que los CTC no reclamados por España a las empresas fueron una ayuda de Estado ilegal que no habría prescrito. También ampliarán su denuncia ante Anticorrupción por entender que el actual Gobierno pudo reclamar esa cuantía hasta el pasado julio. Calculan que esa cifra sería suficiente para salvar de la pobreza energética a las familias a las que le han cortado la luz en los últimos 4 años
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