La inmensa mayoría de la juventud española no puede independizarse, su incapacidad económica para adquirir o alquilar una vivienda les convierte en pseudo-indigentes amparados por su familia. Más de la mitad está en paro y el resto malvive con contratos precarios. La Reforma Laboral del PSOE ya había condenado a nuestros jóvenes de 18 a 25 años a trabajar por un salario mínimo de 426 euros mensuales. El gobierno del PP ha ampliado esa edad hasta los 30 años mientras la tasa de paro supere el 15% que, al paso que vamos, puede durar un lustro.
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