La democracia, entendida como convenio entre seres libres e iguales para seguir conviniendo sobre el estado de su contrato social, exige de por sí el control sobre la macroeconomía dejando en todo caso partes de la microeconomía al juego de la oferta y la demanda. Ese control implica el dominio público sobre los recursos financieros, energéticos y estratégicos en general. A partir de ahí, las grandes magnitudes que son usadas para calibrar la eficacia económica pasan a ser sustituidas por el Índice de Desarrollo Humano.
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