No hay prueba más palpable de que nos encontramos ante una norma legal con un radio de acción tan elástico que contradice abiertamente una de las garantías constitucionales básicas: la taxatividad de la ley penal. Los ciudadanos tienen derecho a prever las consecuencias de sus actos sin temor a la intervención punitiva del Estado, como reiteradamente ha dicho el Tribunal Constitucional español y el Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
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