La idea de crear un delito internacional de ecocidio que sirva para penalizar la destrucción a gran escala de los ecosistemas va ganando terreno, lo que alienta la esperanza de sus promotores, que aspiran a que gobiernos y empresas paguen por el daño que inflijan al planeta. De momento, no existe ninguna definición de «ecocidio» que genere consenso a nivel internacional, aunque se espera que se añada el ecocidio a la lista de delitos perseguidos por la Corte Penal Internacional (CPI), junto con el genocidio.
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