La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, considera "un dispendio económico absurdo y un dispendio de material y humano absurdo" crear una autoridad nacional específica para la defensa de la igualdad de trato, conforme prevé el proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, cuando estas funciones pueden ser asumidas por el Defensor del Pueblo al igual que se ha hecho en países como Francia o Reino Unido
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