La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano (antigua diputada del PP), consiguió que al menos dos allegadas –”una sobrina y la hija de otro familiar muy directo”– fueran contratadas para tareas de asesoría en la cúpula de la institución. La remuneración por el desempeño de esta función se ha situado entre los 60.000 y los 85.000 euros anuales, sin contar gastos de desplazamiento y otras dietas.
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