José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, ha remitido una carta a Jesús García Calderón, Fiscal Superior de Andalucía, en la que le solicita que sopese la posibilidad de abrir una investigación para tratar de aclarar si hay indicios de delito en la comercialización de las llamadas participaciones preferentes. En su escrito, Chamizo describe situaciones sorprendentes: según la información que maneja la oficina que dirige, hay perjudicados que han aportado «copias de contratos sin firma, suscritos con la huella dactilar o por menores de edad».
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