En el pulso por el polígono de tiro de Bardenas Reales, todas las partes implicadas están dispuestas a llegar hasta el límite. La presidenta foral Uxue Barkos, que apoya la campaña de grupos antimilitaristas que piden su cierre –y se plantean un referéndum en 2018-, admite en privado que el gobierno foral estudia pagar de su bolsillo el ‘canon’ anual de 14 millones de euros.
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