En los fundamentos jurídicos, el magistrado se pronuncia sobre las irregularidades detectadas en su momento por la Junta de Andalucía en la gestión de estas empresas, lo que le valió para finalizar el contrato con las mismas y abrir un procedimiento de oferta pública de empleo, señalando que el colectivo ha desarrollado su trabajo "en unas condiciones de precariedad que deberían avergonzar a una clase política
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