A la grave anomalía que supone que un órgano constitucional lleve cinco años con el mandato caducado, se suma el efecto que esta situación tiene sobre la actividad de los tribunales. Y, entre esas consecuencias, está la acumulación de altos cargos judiciales que siguen desempeñando sus mandatos fuera del período ordinario de cinco años que marca la ley, lo que impide que otros jueces opten a esos puestos.
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