Partimos de la base de que los notarios son unos funcionarios públicos que pueden estar ganando entre 80 y 150 millones de pesetas al año de media. ¿Debe el Estado permitir que unos funcionarios suyos se enriquezcan por la realización de un servicio público a costa del resto de ciudadanos? Para realizar dicho análisis hay que partir de cuáles son las funciones que desarrollan los notarios en nuestra sociedad para poder examinar si habría otra posibilidad más eficiente de llevarlas a cabo.
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