La nueva regulación que baraja el Ejecutivo de Rajoy perjudica a una treintena de regidores populares en Andalucía, donde gobiernan gracias a pactos con Izquierda Unida, Partido Andalucista e independientes. "Sería un harakiri político", comentan. Algunos de ellos forman parte del Comité Ejecutivo autonómico de Moreno Bonilla.
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