El decreto-ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos invoca el artículo 47 de la Constitución —derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada— y recuerda la obligación efectiva de las administraciones para legislar y gobernar conforme a los mandatos de los derechos constitucionales. Sin embargo, ATTAC Madrid constata que, por el contrario, esta norma no garantiza ese derecho constitucional y permite que las administraciones deleguen arbitrariamente su obligación de ejercer la tutela de este derecho a las
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