A modo de ejemplo, un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros que resultase agraciado con un premio de 300.000 euros y que optase por vender su billete a un defraudador a cambio 350.000 euros, podría verse obligado a pagar al fisco más de 175.000 euros en caso de que se descubriese la ganancia patrimonial no justificada.
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