La Guardia Civil comprobó, a través de los distintos informes veterinarios que presentaron los perjudicados, que los cachorros murieron en menos de 24 horas después de haber realizado la transacción, la cual se hacía en un lugar de la vía pública y cobrando en metálico. Cuando las víctimas comprobaban el estado deplorable de los animales y se ponían en contacto con los vendedores para reclamar, se desentendían del problema y les remitían a distintos servicios veterinarios supuestamente asociados con ellos, siendo ésta circunstancia falsa.
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