Entre ellas, Madrid, la región que lideró la oposición a la renta de emancipación con el argumento de que invadía competencias y de que era imposible ponerla en marcha en tan sólo dos meses, aseguró ayer que no ha tramitado ni una sola petición porque el sistema informático no se lo permite. "El ministerio no lo pone fácil, las herramientas no están funcionando y no tenemos acceso a los datos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria", explicó un portavoz de la consejería madrileña.
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