4100 millones de euros es el patrimonio en poder de las organizaciones delictivas que en España se han destapado en los últimos 4 años. Las investigaciones demostraban cómo las redes financieras de las organizaciones delictivas se habían infiltrado en el sistema a través de colectivos de profesionales (abogados, notarios, asesores, incluso instituciones bancarias) y cómo habían contaminado también determinadas capas del sistema político.
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