La Comunidad de Madrid presionó a un licitador para que abandonara de forma voluntaria el contrato de 72 millones de euros que le iba a ser adjudicado tras presentar dentro de la legalidad la oferta más barata. Tras varias reuniones en la Consejería de Sanidad y ante la intimidación -explícita en algún caso- de los miembros de la Administración autonómica, la empresa renunció a su oferta. Después, los responsables otorgaron el contrato a una filial de Ferrovial, con una oferta cinco millones de euros más cara.
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