A finales de noviembre pasado, mientras el país observaba atónito y desconcertado las desgarradoras pruebas de supervivencia de los secuestrados por las Farc, y cuando no se hablaba de otro asunto más allá de una consigna común por el acuerdo humanitario, una trascendental decisión judicial pasó de agache: la condena que impuso un juez especializado a dos desmovilizados de las autodefensas por el asesinato del líder sindical Luciano Romero Molina, ocurrido el 10 de septiembre de 2005.
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