La presidenta de Castilla–La Mancha, María Dolores de Cospedal, utilizó el gabinete jurídico de la Junta para presentar una demanda por vulneración del derecho al honor contra Greenpeace, que difundió un informe en el que se relaciona a su marido con empresas supuestamente interesadas en la modificación de la Ley de Costas impulsada por el PP. Cospedal echó mano de recursos públicos del Ejecutivo castellano–manchego para defender su buen nombre a pesar de que en el informe de 18 páginas en ningún momento se alude a su condición de presidenta.
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