Pagado con dinero público y sin mandato judicial, la Junta de Castilla-La Mancha, bajo el Gobierno del PP, contrató una investigación para determinar si se habían producido borrados de datos en ordenadores de la Consejería de Presidencia y de la Dirección General de Presupuestos antes de que el Gobierno socialista abandonara definitivamente el poder. El propio Leandro Esteban lo reconoció el mismo día que se hizo público que Método 3 había recibido este encargo de nuestra región, aunque no citó en ningún caso a la controvertida agencia catalana
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