Trabajadoras de los centros y casas de acogida para mujeres maltratadas denuncian que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo hace forma 'encubierta'. La nueva normativa de la Junta consiste en sustituir los convenios que hasta la fecha firmaba el Instituto de la Mujer de la comunidad con entidades locales por subvenciones por las que los ayuntamientos tendrán que competir con "entidades privadas sin ánimo de lucro". "Los ganadores serán los que tengan la oferta más barata y no el mejor servicio", denunciaron desde el sector.
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