Según el veredicto de esta mañana, las leyes nacionales que prevén el almacenamiento preventivo de datos de comunicaciones de forma indiscriminada son contrarias a la carta magna Europea. Esto supone que países como Reino Unido, Irlanda o Francia deberán derogar o rectificar sus legislaciones nacionales. También podría afectar a España, y a su Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a comunicaciones electrónicas.
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