Este jueves entra en vigor el Convenio de la Unión Europea contra la Corrupción, ratificado por el Gobierno. El Convenio de la Unión Europea contra la Corrupción, además, abre la puerta a la responsabilidad de la Administración por la corrupción que hayan cometido funcionarios públicos. El texto amplía la definición de corrupción al hecho de "solicitar, ofrecer, otorgar o aceptar directa e indirectamente un soborno o cualquier otra ventaja indebida o promesa de ventaja indebida".
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