La Oficina Municipal Antiocupación del municipio madrileño de Collado Villalba duró solo seis meses. Su creación fue pionera en España, pero su contratación fue opaca, desató una gran polémica en la localidad y ahora le ha costado la imputación a la alcaldesa, Mariola Vargas (PP), por su negativa a informar sobre el procedimiento de licitación y adjudicación, que recayó sobre una empresa de desocupaciones extrajudiciales administrada por un empresario investigado por desalojos violentos.
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