En 1997, el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, dictó una circular que fijaba la obligación de empadronar a todos los inmigrantes, estuvieran o no en situación irregular. En el padrón deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el Ministerio del Interior. El padrón debía limitarse a reflejar el domicilio y las circunstancias de todas las personas que vivan en un municipio.
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