El Tribunal de Justicia de la UE ha tardado 9 años en despejar la incógnita sobre el impuesto de generación eléctrica que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. En grandes líneas, este impuesto conlleva gravar la generación de electricidad en España. Solo por el hecho de verter sobre el sistema la energía producida el contador fiscal comienza a dar vueltas, gravando con un 7% cada MW que corre por la red del país.
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