A día de hoy, cuando España acaba de ratificar la Convención sobre Municiones de Racimo, no existen garantías suficientes, sin embargo, de que la industria de armamento española haya cesado el montaje ilegal de estos criminales dispositivos más conocidos por "bombas de racimo" cuyo "empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación y transferencia" están supuestamente prohibidos por el gobierno español desde junio de 2008. Instalaza, radicada en Zaragoza, podría ser una de las empresas que incumplirían la prohibición.
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